Duro cuestionamiento del fondo Burford contra Donald Trump por apoyar a la Argentina en el caso YPF

La disputa legal por la expropiación de YPF, que ya lleva una década, tomó un nuevo giro con la presentación de Burford Capital, el principal demandante, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En un escrito contundente, el bufete inglés, que cotiza en las bolsas de Londres y Wall Street, rechazó la intervención de Estados Unidos como amicus curiae en apoyo a Argentina, calificándola de “sumamente inusual” y basada en “premisas erróneas”. Según Burford, el escrito presentado por funcionarios del Departamento de Justicia de la administración Trump “no aporta nada sustancial” y refleja una “prisa y desconocimiento” del caso, lo que podría generar “efectos adversos” en Argentina, donde la prensa y funcionarios han interpretado esta acción como una señal de que el país podría eludir el pago de la sentencia.

El conflicto se centra en la condena en primera instancia por USD 16.000 millones, que con intereses ya supera los USD 17.500 millones, dictada por la jueza Loretta Preska (foto inferior), quien ordenó la entrega del 51% de las acciones que el Estado argentino posee en YPF como parte del pago. Esta semana, la Corte de Apelaciones debe decidir si suspende o no ese fallo, una resolución clave en la que Burford insiste en proteger sus intereses. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, expresó el bufete, subrayando que intentó sin éxito reunirse con el gobierno estadounidense para aclarar los “errores de interpretación” en su postura.

Desde la Procuración del Tesoro de Argentina, encabezada por Santiago Castro Videla, se destacó la importancia del respaldo de EE.UU., que aboga por respetar la inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976. Los fiscales estadounidenses Jay Clayton y Sean Buckley argumentaron que, sin una suspensión del fallo, Argentina podría sufrir un “daño irreparable” al transferir las acciones de YPF, perdiendo la posibilidad de recuperarlas incluso si gana la apelación. “Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargo”, explicaron en sus escritos, enfatizando las implicaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y el trato recíproco de sus bienes en tribunales extranjeros.

Burford, sin embargo, cuestiona la legitimidad de la intervención estadounidense, argumentando que no refleja la postura oficial del gobierno, sino la de “funcionarios de bajo rango no involucrados en la estrategia de la política exterior de EE.UU.”. El bufete recuerda que, en el pasado, EE.UU. apoyó su posición, destacando el interés de ese país en “garantizar que los Estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como actores comerciales no gocen de inmunidad frente a demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales”. La presentación de EE.UU. como amicus curiae “no estaba prevista”, según fuentes cercanas al caso consultadas por el portal Infobae, lo que añade incertidumbre a un proceso ya complejo.

Precedentes

El caso también reaviva un precedente significativo: en 2019, durante las presidencias de Mauricio Macri y Donald Trump, la Corte Suprema de EE.UU. solicitó la opinión del gobierno estadounidense, que entonces se pronunció en contra de la inmunidad invocada por Argentina. Ahora, con la Procuración del Tesoro argentina en medio de una purga de funcionarios por sospechas de filtraciones, el apoyo de EE.UU. se percibe como un respaldo estratégico, aunque Burford insiste en que no debe influir en la decisión de la Corte de Apelaciones.

En este contexto, Burford dedicó diez páginas de su escrito a desmontar los argumentos de los fiscales estadounidenses, reafirmando su objetivo de cobrar la totalidad de la condena o negociar en esos términos. La resolución de esta semana será crucial no solo para las partes involucradas, sino también para el equilibrio entre la inmunidad soberana y la protección de los inversores extranjeros en los mercados globales.